El 8 de enero, el Juez Octavo de Distrito, Fernando Silva, concedió el amparo a los afectados del sismo del 19 de septiembre, quienes se quejaron por la opacidad del ejercicio de los fondos.
El recurso ya había sido ganado en una primera instancia el año pasado, pero el Gobierno capitalino se inconformó.
La resolución advierte que la Administración de Miguel Ángel Mancera incumplió obligaciones de transparencia sobre el Fondo para la Reconstrucción.
Sin embargo, corresponderá al Gobierno de Claudia Sheinbaum implementar 18 acciones y explicar qué se hizo con el dinero.
«Se concluye que el titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, al administrar y asignar los recursos del ‘Fondo para la Reconstrucción’ ha llevado a cabo un manejo indebido de los mismos en contravención de las obligaciones de transparencia», dice la sentencia.
«Al administrar y manejar los recursos públicos de mérito (la Secretaría de Finanzas ) ha omitido divulgar la información respecto al uso de los mismos», se lee en la resolución.
Finanzas intentó acreditar que la información sobre el manejo de los recursos estaba en la Plataforma CDMX, pero el juez advirtió que en ese sitio no estaban exhibidos los datos que debían publicarse por Ley.
Además, se advierte que con esto pretendieron evadir sus responsabilidades en materia de transparencia.
Entre las 18 órdenes del juez de la sentencia se contempla un informe sobre la vigencia de programas, diseño, objetivos, metas físicas, un cálculo de la población beneficiada, el monto ejercido de los recursos, los requisitos de acceso a los apoyos, los padrones de beneficiarios y reportes periódicos sobre el destino del presupuesto.
Eduardo Rusconi, abogado promovente y damnificado del sismo, expuso que el objetivo es que la Administración dé claridad sobre el acceso a los programas de reconstrucción para evitar que se continúe con el uso discrecional de los mismos.
«Nosotros ingresamos el amparo en el Gobierno pasado por considerar que se había incumplido la forma en la que se transparentaron los recursos», explicó Rusconi en entrevista con REFORMA.
«(Solicitamos) que se publique la forma en la que todos los damnificados podemos acceder, quiénes sí, quienes no y por qué a unos se les han asignado recursos y a otros no».
El Gobierno local puede inconformarse por la resolución, señaló Rusconi, aunque consideró que sería contrario a la transparencia el intentar hacerlo.
